El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Frank De
Lima, confirmó la intención del gobierno de vender las acciones del
Estado en varias empresas eléctricas controladas desde la década de los
años 90 por el sector privado.
De manera sorpresiva, la bancada progubernamental en el Parlamento
presentó la noche del miércoles la propuesta para reformar una ley del
sector energético de 1997 con miras a vender las acciones estatales solo
a través del mercado de valores. Las reformas fueron aprobadas la misma noche del miércoles por la
Asamblea Nacional en el segundo de tres debates en el marco de sesiones
extraordinarias. “Antes se podía vender mediante bolsa y con la colocación de los
mercados internacionales y ahora la venta solo se puede hacer por la
Bolsa de Valores en Panamá”, explicó De Lima a medios locales. La venta de las acciones, en un monto sin especificar, irá al
presupuesto nacional luego que hace dos semanas fue aprobada una ley
para crear un ahorro nacional que absorbió un Fondo de mil 300 millones
de dólares creado con las privatizaciones de la década de los 90. El Estado panameño posee entre 48.3 y 49.0 por ciento de las acciones
de las dos distribuidoras de electricidad, la colombiana ENSA y la
española Unión Fenosa, y 51 por ciento de las hidroeléctricas, Fortuna,
Bayano y Estí.
De Lima indicó que desde la privatización del sector eléctrico se
aprobó la venta de las acciones, por lo cual, con la iniciativa
presentada el miércoles, solo se establece el procedimiento. Además adujo que la compra solo será para panameños con hasta 1.0 por
ciento de participación individual, con miras a promover la venta entre
funcionarios públicos y empleados del sector privado. Dirigentes obreros llamaron a la población a rechazar la venta de las acciones. “Todos los trabajadores panameños deben salir a rechazar esa decisión
del gobierno porque eso trae como consecuencia el encarecimiento de los
servicios”, dijo el líder del Sindicato Único de Trabajadores de la
Construcción y Similares (Suntracs), Genaro Lopez. La eventual venta de esos bienes es “un atraco de los recursos del
Estado, que se supone debe ser de todos los panameños, por lo que no
debe ser una decisión que debe tomar el Ejecutivo. Debe ser discutida”.
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